Según la CSJ la fuerza pública desatendió el debido proceso porque no le avisó a Raul Reyes que iba por él.
El fallo de la CSJ sobre las informaciones aportadas por los computadores de Raul Reyes, reitera que son “nulas de pleno derecho” las pruebas que se aporten a procesos penales, que hayan violado el principio de legalidad. Resulta entonces inútil discutir la legalidad de las pruebas, aunque resulta imperativo tomarlas como materia prima para hacer una investigación sobre el secretariado en la sombra del cual se conocen apenas algunos personajes.
La CSJ asegura que las fuerzas militares colombianas violaron el debido proceso porque previamente no le pidieron permiso al gobierno ecuatoriano para entrar en su territorio a capturar a Raul Reyes; también se infiere que desatendieron el debido proceso atacando a Raul Reyes sin avisarle previamente que iban por él. Si el libertador hubiese sido Santander estaríamos todavía gobernados por los españoles.
La CSJ no fue sincera y ocultó que le dio pereza y miedo de las FARC acometer la tarea de leer 39,5 millones de páginas Word, lo que a una persona le llevaría mil años en leer, si leyera 100 páginas cada día.
Tampoco fue sincera la CSJ cuando le ocultó a los colombianos que los técnicos forenses encontraron 37 mil 872 documentos escritos, 452 hojas de cálculo, 210 mil 888 imágenes, 22 mil 481 páginas web, 7 mil 989 direcciones de correo electrónico, 10 mil 537 archivos de multimedia y 983 archivos encriptados.
Si la CSJ hubiese acometido la tarea de investigar los computadores de Raul Reyes y hubiese tenido al doctor Gaona investigando sus decisiones, así como un grupo de abogados jóvenes pesquisando 7 mil 989 direcciones de correo electrónico, Santos, Montealegre, Barceló, Reyes, Villalba, del Río y Cepeda estarían en la cárcel, puesto que Colombia habría aprendido a contabilizar bien las billonarias culpas de la izquierda.
la CSJ de Colombia decidió, en agosto de 2011, que la evidencia obtenida ilegalmente de esos computadores no podía usarse en procesos judiciales porque el gobierno ecuatoriano, con quien existían acuerdos para el intercambio de información, no participó en la operación militar que los incautó.
Así justamente pensaba Santander: Santander, viéndose frente a Raul Reyes, uno de los principales y más sanguinarios asesinos del mundo, le habría ordenado a sus soldados esconderse entre los árboles y no atacar a Reyes hasta que volvieran, 8 días después, los soldados patriotas enviados al Ecuador a conversar con el gobierno y a acordar el modo de atacar a Reyes: sí Ecuador y Colombia unidos, o cada cual por su lado.
CSJ pone fin a la persecución desatada a raíz de los computadores de Raúl Reyes
El fallo ha establecido que son “nulas de pleno derecho” las pruebas que se aporten a procesos penales, que hayan violado el principio de legalidad. Reitera además, que “la prueba ilegal se genera cuando en su producción, práctica o aducción se incumplen los requisitos legales esenciales, caso en el cual debe ser excluida”
Concluye la Corte que “los documentos electrónicos hallados en
los ordenadores de RAUL REYES fueron recogidos por miembros de las
Fuerzas Armadas Colombianas durante una inspección que hicieron en
territorio ecuatoriano, sin consultar con las autoridades de ese país,
desatendiendo frontalmente el “debido proceso” que gobierna la
producción de pruebas en el exterior, además de que quienes así
procedieron, ni siquiera tenían funciones de policía judicial, es
imperativo declarar que el contenido demostrativo de esos elementos es
ilegal, y por consecuencia, en términos del artículo 29 de la carta
política, se les aplicará la cláusula de exclusión, como en efecto se
procede”
La Corte Suprema de Justicia ha reconocido que la incursión militar en territorio Ecuatoriano, fue una violación de la soberanía de dicho país. Es así como la Corte cita el “Convenio de Cooperación Judicial y Asistencia Mutua en Materia Penal, entre la República de Colombia y la República de Ecuador” de 1996, que de manera concisa establece “las normas constitucionales, legales y administrativas de sus Estados, así como el respeto por los principios de la ley internacional, especialmente aquellos relacionados con la soberanía, integridad territorial y no intervención”
Por tanto este fallo produce efectos de aplicación inmediata frente a aquellas investigaciones o juicios en curso, contra personas que han sido acusadas arbitrariamente de pertenecer o colaborar con las FARC – EP, con fundamento en la operación Fénix.
El Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” publica la integridad de la sentencia, con el fin de ser utilizada en la defensa penal de estas personas.
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