La decisión final sobre la Constituyente deberá provenir de la voluntad soberana del pueblo colombiano.

 

1-La Constitución de 1991 en el Centro del Debate: La Constitución Política de Colombia de 1991, conocida como la "Constitución de los Derechos", ha sido durante más de tres décadas el pilar fundamental del ordenamiento jurídico y social del país. Sin embargo, en el actual escenario político, ha surgido una propuesta: la de una actualización profunda de la Carta Magna mediante la convocatoria de una Asamblea Constituyente de origen popular. Esta iniciativa, abanderada por figuras como el exfiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, y vinculada a la agenda de transformaciones del Presidente Gustavo Petro, ha generado un intenso debate nacional, con fuertes contradictores que alertan sobre posibles engaños y riesgos para la estabilidad institucional. Esta columna busca desglosar las diversas aristas de este crucial asunto:

2. La Postura de Eduardo Montealegre y sus Argumentos: Eduardo Montealegre, exfiscal general y ahora ministro de Justicia ha sido una de las voces presentes en la argumentación a favor de una Asamblea Constituyente. Sus principales planteamientos se centran en la idea de que la Constitución de 1991, a pesar de sus virtudes, ha quedado "anticuada" y no logra satisfacer las "demandas actuales" del pueblo colombiano. 

3-Obsolescencia y Desactualización: Montealegre argumenta que, tras más de 30 años de vigencia, la realidad social, económica y política de Colombia ha evolucionado significativamente, superando el marco regulatorio previsto en 1991. En su visión sesgada y más política y maquiavélica que jurídica, ciertas disposiciones constitucionales se han vuelto ineficientes o insuficientes para abordar los desafíos contemporáneos. 

4-Insatisfacción de Demandas Ciudadanas: El exfiscal señala que existen "demandas actuales" del pueblo colombiano que la Constitución vigente no logra canalizar o resolver adecuadamente. Aunque no siempre las especifica en detalle, estas demandas suelen vincularse a temas como la profundización de la justicia social, la redistribución de la riqueza, la reforma agraria, la modernización de la justicia, la consolidación de la paz total, la participación ciudadana y la respuesta a los desafíos del cambio climático y la globalización. 

5-Necesidad de un Nuevo Pacto Social:           Implícitamente, la propuesta de Montealegre sugiere que la Constitución de 1991, producto de un contexto político específico (fin del conflicto de los años 80, apertura democrática), ya no representa un "pacto social" plenamente vigente y consensuado para las generaciones actuales. Una Constituyente, en esta lógica, permitiría redefinir ese pacto.

6-Convocatoria por el Presidente Petro: Montealegre ha sido enfático en que la vía para esta Constituyente debe ser impulsada por el Presidente de la República, Gustavo Petro, lo que ha generado controversia por el papel que le atribuiría al Ejecutivo en un proceso tradicionalmente asociado con la soberanía popular y la representación directa. 

7-La Conexión con el Gobierno del Presidente Gustavo Petro: La propuesta de una Asamblea Constituyente cobra una dimensión particular al ser articulada en un momento en que el gobierno del Presidente Gustavo Petro enfrenta desafíos para la aprobación de sus reformas estructurales en el Congreso de la República. 

8-Impasse Legislativo: La dificultad para tramitar y aprobar reformas clave (salud, laboral, pensional, justicia) ha llevado al gobierno a explorar vías alternativas para materializar su programa. La idea de una Constituyente emerge en este contexto como una posible ruta para superar los obstáculos legislativos y avanzar en transformaciones de mayor calado. 

9-Mandato Popular y Profundización             Democrática: Desde la perspectiva gubernamental y sus aliados, la convocatoria a una Constituyente podría interpretarse como una respuesta a un "mandato popular" expresado en las urnas, buscando una "profundización democrática" que permita alinear el marco constitucional con las aspiraciones de cambio de una parte significativa de la ciudadanía. 

10-Riesgo de Percepción de "Atajo": Sin embargo, esta conexión también alimenta la crítica de los contradictores, quienes ven en la Constituyente un posible "atajo" o un intento de eludir el juego democrático y el contrapeso institucional del Congreso.

11-Los Contradictores: ¿"Engaño al País" y Riesgos Institucionales? La propuesta de Montealegre quien goza de la aceptación de la izquierda radical y padece el ancho rechazo de la derecha, ha encontrado una fuerte oposición por parte de diversos sectores políticos, jurídicos y sociales, quienes consideran que la iniciativa es "engañosa" y entraña graves riesgos para la estabilidad y el ordenamiento constitucional.

12-Vigencia y Flexibilidad de la Constitución de 1991: Los contradictores argumentan que la Constitución de 1991 es un texto mal interpretado por los jueces de la izquierda radical, pero "vivo" y adaptable, que ha permitido la evolución del país y la resolución de múltiples crisis a lo largo de sus 33 años. Destacan su amplitud en el reconocimiento de derechos fundamentales, la creación de nuevos mecanismos de participación (acción de tutela, acciones populares), y la estructura de pesos y contrapesos que ha demostrado su resiliencia.

13-Mecanismos de Reforma Existentes: Se enfatiza que la propia Constitución contempla mecanismos de reforma (actos legislativos aprobados por el Congreso, referendo constitucional) que han sido utilizados en el pasado y que son la vía democrática y legal para realizar ajustes. La convocatoria de una Constituyente se percibe como un mecanismo excepcional que solo se justifica ante crisis institucionales de gran magnitud o la necesidad de un nuevo orden fundamental, situaciones que, a su juicio, no se presentan actualmente.

14-El "Engaño" y Motivaciones Ocultas. La acusación de inconstitucionalidad de la Convocatoria Presidencial: Juristas y opositores señalan que el Presidente Petro no tiene la facultad constitucional para convocar directamente una Asamblea Constituyente. La Constitución establece que esta solo puede ser convocada por ley del Congreso, aprobada por la mayoría absoluta de sus miembros, y luego ratificada por el pueblo mediante referendo (Artículo 376 C.P.). Por lo tanto, la idea de una "constituyente por decreto" o por iniciativa presidencial directa sería una extralimetación de funciones.

15-Montealegre, que suele apartarse de la Constitución y las leyes, para aplicar su propia Constitución y sus propias leyes, en entrevista con Néstor Morales de Blu Radio, le expresó que 8.000 firmas serían suficientes para evitar que la Constituyente no tuviera necesidad de pasar por el Congreso. Los 8.000 firmantes serían entonces pagados por el gobierno con dinero de los impuestos. La Constitución Política de Colombia establece que la convocatoria a una Asamblea Constituyente debe ser aprobada por el Congreso Nacional a través de una ley.

15-Instrumentalización Política: Se teme que la Constituyente sea instrumentalizada por Gustavo Petro para perpetuarse en el poder y terminar el proceso de destrucción de Colombia y los colombianos o para aprobar reformas impopulares que no han logrado pasar por el Congreso, debilitando así la democracia representativa y la separación de poderes. 

16-Riesgos de Inestabilidad y Polarización: Los contradictores alertan sobre el riesgo de abrir una "caja de Pandora" política. Un proceso constituyente puede generar una profunda polarización, incertidumbre jurídica y económica, y desviar la atención de los problemas urgentes del país. Temen que, una vez instalada, la Constituyente pueda reescribir la Constitución de manera impredecible, afectando pilares fundamentales como el modelo económico, la independencia de los poderes o incluso la permanencia del Presidente en el cargo. 

17-Falta de Consenso Social: A diferencia de 1991, cuando existía un amplio consenso sobre la necesidad de una nueva Constitución para superar una profunda crisis de violencia y legitimidad, hoy no se percibe un clamor popular generalizado ni un consenso político que justifique un cambio de tal magnitud. Lo que se percibe es el afán de Gustavo Petro de cerrar el Congreso, la Justicia y la fuerza pública, para adueñarse de Colombia, tal como Fidel se adueñó de Cuba.

18- Directrices para un Manejo Adecuado de este Crucial Asunto: La complejidad y las implicaciones de esta propuesta exigen un manejo cuidadoso y estratégico para evitar una crisis institucional y garantizar el respeto al ordenamiento democrático.

19-El Debate Público Informado y Responsable.
Claridad de los Argumentos: Es imperativo que tanto los proponentes como los contradictores expongan sus argumentos de manera clara, concisa y basada en el derecho y la realidad nacional. Las generalidades o las insinuaciones deben ser reemplazadas por puntos específicos de la Constitución que se consideran obsoletos o, por el contrario, plenamente vigentes.

20-Espacios de Diálogo Abiertos: Promover foros, debates académicos, mesas de diálogo entre expertos y actores políticos en todos los niveles (nacional, regional) para que la ciudadanía pueda formarse una opinión informada. Los medios de comunicación tienen un papel fundamental en la moderación y la difusión de estas discusiones. 

21-Evitar la Desinformación: Combatir activamente la desinformación y las narrativas simplistas o engañosas que puedan surgir en torno al tema. La información sobre la Constitución y los mecanismos de reforma debe ser accesible y comprensible para el ciudadano común.

22-Adherencia al Marco Constitucional y Legal.
Estricto Respeto a los Procedimientos de Reforma: Cualquier iniciativa de reforma constitucional, incluida la de una Asamblea Constituyente, debe seguir los procedimientos establecidos en la propia Constitución Política. Esto significa que el Congreso de la República tiene un papel ineludible en la convocatoria de la Constituyente (Art. 376 C.P.) y que la Corte Constitucional es la guardiana de la integridad de la Carta Magna.

23-Pronunciamiento de la Corte Constitucional: Ante cualquier intento de extralimitación de funciones o de vías no contempladas, la Corte Constitucional deberá ejercer su rol de control, lo que implicaría un pronunciamiento crucial sobre la constitucionalidad de la ruta propuesta.    

24-Rechazo a Vías de Hecho o Extraconstitucionales: La democracia colombiana se ha caracterizado por la institucionalidad. Cualquier intento de convocar una Constituyente por fuera de los cauces constitucionales sería un grave precedente y generaría una crisis de legitimidad.

25-Priorización del Diálogo y el Consenso Político. Búsqueda de Acuerdos Legislativos: Antes de contemplar vías excepcionales, el gobierno y la oposición deben intensificar los esfuerzos para alcanzar consensos sobre las reformas necesarias dentro del marco legislativo actual. La Constitución de 1991, con sus múltiples artículos, ofrece herramientas y flexibilidades para la implementación de políticas públicas y reformas. 

26-Evitar la Polarización Extrema: La discusión sobre la Constituyente no debe convertirse en un factor adicional de polarización extrema que fracture aún más a la sociedad colombiana. Los líderes políticos y sociales tienen la responsabilidad de promover un debate constructivo, incluso desde las diferencias.

27- Análisis de la Realidad y las Verdaderas Demandas. Diagnóstico Preciso: Es necesario un diagnóstico objetivo de las "demandas actuales" y si estas realmente requieren una reforma constitucional profunda o pueden ser abordadas mediante el desarrollo legislativo, políticas públicas o la interpretación judicial de la Constitución.

28-Evidencia de la "Obsolescencia": Quienes argumentan la obsolescencia deben presentar evidencia concreta de cómo la Constitución ha impedido el desarrollo o la solución de problemas específicos, más allá de la dificultad de aprobar reformas coyunturales.

29-Reflexión sobre las Experiencias Pasadas y Comparadas. Lecciones de 1991: Analizar críticamente el proceso de 1991, sus logros y sus limitaciones, para entender las condiciones que hicieron posible un cambio de tal magnitud.

30-Experiencias Latinoamericanas: Estudiar los procesos constituyentes en otros países de la región, que en algunos casos han llevado a la estabilidad y en otros a la prolongación de crisis o al debilitamiento democrático. 

31-Conclusión: El debate sobre la convocatoria a una Asamblea Constituyente en Colombia es uno de los temas más trascendentales y potencialmente transformadores que enfrenta el país en la actualidad. La propuesta, impulsada por Eduardo Montealegre que es apenas aprobado por el l6% del país, y en sintonía con las aspiraciones de cambio del gobierno de Gustavo Petro, tiene la solicitud de la oposición que plantea la necesidad de adecuar primero la Constitución de 1991 a las "demandas actuales". 

El manejo de este asunto exige un equilibrio entre la legítima aspiración a la mejora institucional y el respeto irrestricto a los pilares de la democracia. Un debate informado, la adhesión estricta a los procedimientos constitucionales, la búsqueda de consensos políticos y una reflexión profunda sobre las verdaderas necesidades del país son las directrices esenciales para navegar este complejo panorama y asegurar que cualquier camino elegido fortalezca la democracia y la estabilidad de Colombia. La decisión final, en última instancia, deberá reposar en la voluntad soberana del pueblo colombiano, expresada a través de los mecanismos que la propia Carta Magna establece.