Juan Manuel Santos, Eduardo Montealegre e Iván Cepeda llevan sobre sus hombres el peso enorme del robo de la presidencia a OIZ, la falsa paz con las FARC y el proceso penal y político contra el Presidente Uribe y ninguna autoridad los toca. ¿Por qué?

 

La percepción de que Juan Manuel Santos, Eduardo Montealegre e Iván Cepeda no son investigados por las autoridades en relación con las acusaciones por el robo de la presidencia a OIZ, la falsa paz con las FARC y el proceso más político que penal contra el Presidente Uribe, es profunda porque ninguna autoridad los toca: ¿por qué? Es una opinión compartida por un sector mayoritario de la opinión pública en Colombia, especialmente aquellos afines al expresidente Álvaro Uribe y a la derecha política. Sin embargo, la situación real es más compleja y se enmarca en el sistema judicial y político colombiano, donde diversos factores influyen en el curso de las investigaciones.

A continuación, se exponen algunas de las razones por las cuales estas acusaciones pueden no haber derivado en procesos judiciales o condenas, desde la perspectiva de la ley y el funcionamiento del Estado.

     .Presunción de inocencia y debido proceso: En Colombia, como en cualquier estado de derecho, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Las acusaciones, por graves que sean, deben ser sustentadas con pruebas sólidas y pasar por un proceso judicial que garantice el debido proceso, la defensa y el derecho a la contradicción.

     .Eduardo Montealegre, abogado comunista y hombre totalmente perverso, desechó la presunción de inocencia y el debido proceso y condenó de manera anticipada al Presidente Uribe.

     .Complejidad de las investigaciones: No hay en Colombia investigadores preparados para investigar los casos de alta política, los que involucran a expresidentes o altos funcionarios, que suelen ser intrincados, con múltiples actores, pruebas complejas y a menudo involucran decisiones que se tomaron en el ámbito de la función pública, lo que puede dificultar su tipificación como delitos.

     .Falta de pruebas contundentes: Para que una investigación prospere y se llegue a una condena, la Fiscalía General de la Nación debe investigar mejor y recopilar pruebas suficientes y contundentes que demuestren la comisión de un delito. Si bien pueden existir denuncias o indicios, la ausencia de pruebas irrefutables puede llevar al archivo de los casos o a la no formulación de cargos. Cuando los investigadores sean tan importantes como los jueces habrán pruebas suficientes para castigar el crimen

     .Independencia de poderes y autonomía judicial: En teoría, la rama judicial en Colombia es independiente del poder ejecutivo. Las decisiones sobre investigar, acusar y juzgar recaen en las autoridades judiciales (Fiscalía, Cortes) y no en el gobierno de turno. Sin embargo, la percepción de la independencia judicial puede variar según la coyuntura política. Colombia ha tenido  investigadoras tan idóneas y competentes como la fiscal Amparo Cerón, pero sus jefes le archivaron el caso Santos- Odebrecht.

     .Naturaleza política de las acusaciones: Muchas de las acusaciones mencionadas tienen un fuerte componente político. El "robo de la presidencia a OIZ" se refiere a la elección presidencial de 2014, un proceso torcido que, sin embargo, fue validado por las autoridades electorales. La "falsa paz con las FARC" es una crítica al proceso de paz que culminó en el Acuerdo de Paz de 2016, que fue objeto de un plebiscito, debates intensos y el robo del NO. 

     .El "proceso penal y político contra el Presidente Uribe" se refiere a una serie de investigaciones judiciales torcidas que involucran al Presidente Uribe, las cuales han sido objeto de un intenso escrutinio público y político, con acusaciones mutuas de manipulación de testigos y fraude procesal. La culpabilidad de Cepeda creció cada día y la protección a él por parte de la fiscal y la juez también crecieron cada día. La influencia de Montealegre sobre las dos abogadas izquierdistas fue un hecho notable.

     .Estrategias legales y procesos en curso: Es importante recordar que en el ámbito judicial y político, los procesos penales y políticos pueden ser largos y complejos. Algunas acusaciones pueden haber sido investigadas y archivadas, otras pueden estar en curso, o simplemente no haber prosperado debido a la ausencia de mérito jurídico y político suficiente para avanzar a una etapa de juicio. Por ejemplo, en el caso del Presidente Uribe, el proceso ha tenido varias etapas, con decisiones jurídicas, políticas y maquiavélicas de diferentes instancias judiciales.

En resumen, la ausencia de condenas o de investigaciones visibles no necesariamente significa que no haya habido análisis o que las autoridades sean "intocables", sino que, dentro del marco legal, judicial y político, las pruebas presentadas o las investigaciones realizadas pueden no haber sido suficientes y profundas para avanzar a etapas procesales más avanzadas. La percepción pública sobre estos casos a menudo está influenciada por la polarización política y las narrativas maquiavélicas y mediáticas.